Los países miembros de la Comunidad del Caribe (CARICOM), fortalecerán la respuesta de la región a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), a través de acciones coordinadas tanto a nivel nacional como regional. Así se indicó en una reunión del Mecanismo Regional de Pesca del Caribe (CRFM) y la Agencia de Implementación de la Comunidad del Caribe para el Crimen y la Seguridad (CARICOM IMPACS) sobre pesca ilegal y crimen organizado en la industria pesquera.
El encuentro en marzo tuvo lugar en Belice, con la asistencia de más de 90 participantes de 15 Estados miembros del CRFM, en una iniciativa apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Gobierno de Noruega. “Este encuentro marca un hito importante en los esfuerzos de la región para fortalecer la respuesta frente a este problema tan desafiante y costoso”, indicó la CRFM tras la reunión.
Los países miembros se comprometieron a reforzar la cooperación y a utilizar tecnología digital de punta, para fortalecer la respuesta de la región a la pesca INDNR y a las actividades delictivas de organizaciones transnacionales como tráfico de drogas, de personas y de armas; contrabando de mercancías; fraude y falsificación de documentos; delitos fiscales y blanqueo de capitales; entre otros, que utilizan la pesca comercial y recreativa como cubierta para sus actividades, destacó la organización.
“Nuestra cruzada en el Caribe es asociarnos con todas las agencias internacionales, para garantizar que reduzcamos las actividades delictivas en lo que respecta a la Economía Azul” dijo Saboto Cesar, ministro de Pesca de San Vicente y las Granadinas al portal Caribbean National Weekly. “Tenemos la intención de trabajar con socios regionales e internacionales y otros gobiernos amigos”.
Según estimaciones de la ONG Oceana, con sede en Washington, D.C., hasta el 30 por ciento de los productos marinos capturados en todo el mundo provienen de la pesca INDNR, valorada en aproximadamente USD 50 000 millones anuales.
“La pesca INDNR puede incluir la pesca sin autorización, ignorando los límites de captura, operando en áreas cerradas y pescando con equipos ilegales o atrapando peces o vida silvestre prohibidos”, abundó Oceana. “Estas actividades ilícitas pueden destruir el hábitat esencial, agotar gravemente las poblaciones de peces y amenazar la seguridad alimentaria mundial”.
Fuente: Diálogo Américas
