Al cumplirse 30 años de la designación del continente como reserva natural, los esfuerzos de la UE por incrementar el océano protegido chocan con la explotación económica, que rompe el apoyo de una «abrumadora mayoría» de países para cuidar una zona en peligro ambiental
El consenso científico y gran parte de los discursos políticos lo repiten: la Antártida precisa que se proteja el mar que rodea al continente, blindado a la explotación comercial hace justo 30 años. Sin embargo, la creación de áreas marinas protegidas antárticas se está revelando como un proceso arduo y entorpecido por los planes para aprovechar la gran riqueza pesquera que habita en sus aguas.
El 4 de octubre de 1991 se firmó en Madrid el protocolo que ha preservado la Antártida como una «reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia». Nada de explotaciones mineras o comerciales. Fue un hito, pero se olvidó de algo fundamental: el océano circundante ha seguido siendo área de aprovechamiento económico. «Es crucial» ampliar las aguas protegidas, ha dicho este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la conmemoración de la firma del protocolo antártico. La cita más próxima para hacerlo es este mes, en la Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos antárticos (CCAMLR), pero el camino no es tan sencillo.
Sobre la mesa hay, al menos, tres nueva áreas marinas para protegerse: el mar de Weddell, el océano Antártico este o la península antártica. No son propuestas nuevas, algunas llevan casi una década dando vueltas por los despachos e incluso, como el Mar de Weddell, han sido sometidas a votación en la Comisión de recursos marinos sin salir adelante. En 2018, el proyecto fue presentado por Alemania, pero la oposición de Rusia y China impidió el consenso necesario. En 2020 pasó algo parecido.
Este año, la Unión Europea ha decidido dar un impulso político. En abril pasado, la Comisión obtuvo respaldo de los Estados miembros para intentar sacar adelante, al menos, dos de estas propuestas: el mar de Weddell (con 1,8 millones de km2) y el Este antártico (más de 1,2 millones). El proyecto intenta salir adelante a pesar de que «algunos importantes miembros de la Convención todavía no se han unido al consenso creciente detrás de estas proposiciones», ha dicho el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevičius. Las áreas que se discutirán –de nuevo– en la convención suman más de tres millones de kilómetros cuadrados. Hasta ahora, la única área protegida es la del Mar de Ross, con 1,5 millones de kilómetros.
En julio, el Parlamento Europeo realizó una declaración en la que se adhería a la idea de que la protección del océano Antártico es útil, no solo para «incrementar la biodiversidad y abundancia de especies», sino que hace que el mar sea más resistente a impactos ambientales, incluido el cambio climático».
Porque el extremo sur del planeta es uno de los puntos donde la crisis climática se hace patente con fuerza. En agosto pasado, el trabajo sobre la evidencia científica del cambio climático realizado por el panel de expertos de la ONU, el IPCC, manifestaba que en la Antártida se había observado «una tendencia extendida de fuerte calentamiento». La Organización Meteorológica Mundial confirmó el pasado julio que en 2021 se ha batido el récord máximo de temperatura en la Antártida: fue el 6 de febrero y se llegó a los 18,3 ºC.
También se ha constatado una tendencia a que caiga más nieve, pero la fundición de hielo de los glaciares ha sido mayor por lo que no se compensa: hay pérdida neta especialmente en los glaciares del oeste. «Si se mantiene un calentamiento de la temperatura global del planeta entre 2 y 3ºC, la placa helada del oeste del continente se perderá casi por completo y de manera irremediable para varios milenios», describió el IPCC. Las proyecciones con mayor grado de confianza indican que en la Antártida van a vivirse episodios de calor extremo, que se elevará el nivel del mar y que va a incrementarse la cantidad de CO2 contenida en su superficie y la acidificación del océano.
«Poca esperanza»
Mientras, blindar los ecosistemas marinos antárticos continúa pareciendo una tarea de alta dificultad. Un reciente análisis –de febrero de 2021, sobre la designación de áreas marinas protegidas en la Antártida llevado a cabo por investigadores de las agencias alemanas de medio ambiente y conservación de la naturaleza, además de la Universidad de Oldemberg– explica que «hasta ahora, la Comisión (CCAMLR) no ha alcanzado un consenso sobre la propuesta de área marina protegida en el Mar de Weddell o cualquier otra área en el océano Antártico». Las discusiones del área este de la Antártida, por ejemplo, se han prolongado casi una década y, aunque «una abrumadora mayoría de los Estados miembro están de acuerdo en la propuesta, dos países no reconocen la necesidad y tratan de dilatar o detener el proceso». El análisis abunda en que, al parecer, estos Estados entienden que «su industria pesquera de larga distancia, y ahí incluyen la Antártida, son cuestión de interés nacional e incluso de soberanía y que un área marina protegida las socavaría».
Entre los intereses pesqueros que se mencionan para el mar de Weddell está la captura de la merluza negra y, por supuesto, también el krill. El pequeño crustáceo que se usa, sobre todo, como complemento alimenticio por el omega 3 y para la fabricación de cosméticos. La oceanógrafa Sylvia A. Earle ha resumido este lunes desde California esta situación al afirmar que «el krill no es un producto para maquillaje sino el motor de la Antártida». Earle ha recordado que está probado que «los nutrientes que se generan aquí fluyen en las corrientes por las profundidades oceánicas a lugares muy distantes del planeta».
Además de políticos y científicos, la organización Greenpeace va un poco más allá y pide que la designación de áreas protegidas marinas no se haga en la Comisión de recursos marinos. «Ahí se discute porque hay recursos pesqueros, pero no saldría un santuario que implicaría una reserva total», cuenta Celia Ojeda, bióloga marina de la organización. La revisión de las agencias científicas alemanas les da la razón en cierto modo porque afirma que «hay muy poca esperanza, si queda alguna, de que se encuentre una solución dentro de la Convención de recursos marinos».
Ojeda matiza también que «la protección que ofrecería la Comisión de recursos sería menor», por lo que solicita que se lleve a la Convención de los Océanos de la ONU para «extender esa protección pionera que supuso el Protocolo de Madrid al 30% de las aguas marinas internacionales para el año 2030».
Con todo, esa convención de la ONU no se juntaría hasta, como pronto, inicios de 2022. Mientras, la oceanógrafa Earle recuerda que «las ballenas muertas, el pescado o el krill muerto tienen un valor como productos, pero, en el siglo XXI, hay otras medidas para medir cuánto valen, vivos».
Fuente: El Diario
