Reino Unido se ha marchado de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo ya no queda rastro de las oficinas de los otrora eurodiputados británicos. El 31 de enero de 2020, al entrar en vigor el Acuerdo de Retirada, Reino Unido abandonó oficialmente la UE y se convirtió en tercer país. Pero a efectos prácticos no comenzó a notarse hasta su salida del mercado común europeo, unas fronteras arancelarias que antes del 1 de enero no existían. Y es que el Brexit ha supuesto el fin de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales entre Reino Unido y la UE.
Somos muchos los que ya nos hemos visto afectados por el Brexit de un modo u otro. Un paquete que genera “gastos aduaneros”, un certificado covid que no te evita PCRs en territorio británico y a partir del 1 de octubre, además, ya no podremos viajar con DNI, hará falta el pasaporte. Sin embargo, esto son minucias comparado con el enorme daño que ha supuesto el divorcio británico para los países miembro, de ahí que las autoridades comunitarias hayan pactado un fondo para mitigar los efectos y las consecuencias sociales y económicas adversas.
Por eso, los los líderes de la UE acordaron crear la llamada “Reserva de Adaptación al Brexit”, un fondo de 5.400 millones de euros que se pagará hasta 2025. Los países miembros empezarán a recibir los recursos en diciembre, tras la aprobación de los eurodiputados en una votación durante la sesión plenaria de esta semana.
Se ha realizado un patrón mediante el cual los países y sectores más afectados recibirán más ayudas. Así, Irlanda encabeza la lista, con 1.064.999.515. Después le siguen Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca y España. Nuestro país recibirá 249 millones de euros.
Lo complicado es medir cuánto daño ha causado el Brexit y qué países lo han sufrido ya. El eurodiputado belga Pascal Arimond, del Partido socialcristiano, explica a LA RAZÓN, que “el impacto exacto del Brexit en cada uno de los Estados miembros de la UE y en la Unión Europea en su conjunto está aún por materializar y cuantificar”.
“Sin embargo, debido a décadas de estrecha colaboración, (…) todos los Estados miembros se enfrentan a dificultades o se ven afectados por relaciones comerciales más complejas. Por lo tanto, la Reserva de Adaptación al Brexit (BAR) tiene por objeto mitigar el impacto de la retirada de Reino Unido de la Unión en la cohesión económica, social y territorial y mostrar la solidaridad con todos los Estados miembros, concentrándose en los Estados miembros y sectores más afectados”, indica. El fondo se destinará a paliar los efectos en consumo y en pesca.
Al preguntarle al eurodiputado español del PPE Francisco José Millán Mon a este respecto, el popular explica que no están satisfechos con la cuantía que recibirá España como ajuste o compensación en cuanto a la pesca: “Es muy limitativo”.
“El grueso para la pesca era de unos 600 millones y España, potencia pesquera de la UE, sólo recibirá 3,6 millones (Francia 120,9), ni siquiera el 1%. Primó el criterio de la dependencia”, explica Millán Mon. “Si tú dependes mucho de aguas británicas recibes más. Dado que España no sólo pesca allí sino en más mares del mundo, su criterio de dependencia es menor. Eso nos penalizó. Explícalo ahora en Galicia o en otros puertos del norte de España”. De ahí que vaya a votar en contra (a pesar de que será aprobado).
El eurodiputado recuerda asimismo, que los pescadores ya perdieron durante la negociación del Brexit que los pesqueros españoles pudieran pescar en aguas de Svalbard, un archipiélago de Noruega, por lo que esto supone un nuevo varapalo. Para el eurodiputado, “el Gobierno de Sánchez debería no haber estado de acuerdo sin más con la postura de la Comisón Europea. Pero estaba pensando más en los fondos de recuperación y no han querido dar la batalla en esto”, lamenta Millán Mon.
Con todo, para el eurodiputado conservador belga, “el mecanismo de distribución de las asignaciones se basa en estadísticas fiables y oficiales y tiene en cuenta la importancia del comercio con Reino Unido, la importancia de la pesca en la zona económica exclusiva del Reino Unido y la población de las regiones marítimas fronterizas con Reino Unido, y estoy de acuerdo con las asignaciones nacionales acordadas durante las negociaciones”, expone Arimond.
“Sobre la base de estos criterios, el reparto me parece justo”.
Además, el político belga explica que el “reglamento BAR ofrece cierta flexibilidad porque los tres primeros tramos de 4.300 millones de euros que se distribuyen como prefinanciación tienen que estar cubiertos por un gasto subvencionable suficiente antes de que se pueda liquidar y antes de que se pueda pagar cualquier asignación adicional de los 1.100 millones restantes. Esto permite realizar reasignaciones cuando sea necesario”.
Fuente: La Razon
