Los sectores pesqueros manifestaron su preocupación ante la intención del Gobierno de ampliar arbitrariamente el Parque Nacional Isla del Coco hasta cubrir cerca de un tercio del Pacífico costarricense, ignorando la realidad del sector pesquero, que podría perder cerca de 30 mil empleos directos.
Según los pescadores «todo parece indicar que la ampliación de las zonas marítimas protegidas a ejecutar por parte del Minae, consiste en aumentar el territorio marino que ocupa el Parque Nacional Isla del Coco, así como una inmensa ampliación del Área Marina de Manejo Montes Submarinos del Minae y se daría a conocer en los próximos días durante la celebración del Bicentenario de Costa Rica».
El Lic. Germán Pochet, abogado especialista en Derecho Ambiental, señaló que el Decreto Ejecutivo No. 38681-MAG-MINAE del 9 de octubre de 2014, Establece medidas de ordenamiento para el aprovechamiento de atún y especies afines en la zona económica exclusiva del Océano Pacífico Costarricense, se creó con el fin de mejorar la administración de los recursos pesqueros para su conservación y uso sostenible, en el marco de la pesca responsable. Pese a los esfuerzos realizados por los pescadores, desde el gobierno no se han ejecutado las acciones necesarias que impulsarían su plena ejecución.
La ordenación de la Zona Económica Exclusiva vigente se dio a través de la creación de cuatro polígonos, en los cuales está excluida la pesca con redes de cerco, que se permite en el resto de la zona económica exclusiva del país para aquellos buques de cerco que deben entregar el 100% de su captura en Costa Rica para ser procesada en atún en conserva.
Esto ha permitido reducir la presencia de las embarcaciones extranjeras en un 88% y a las embarcaciones nacionales de palangre y pesca deportiva, contar con un espacio en donde pueden realizar sus capturas sin interactuar con las embarcaciones cerqueras.
«La ampliación del Área Marina de Manejo Montes Submarinos va a cubrir prácticamente todo el polígono oceánico, el cual es el de mayor importancia para la pesca de palangre. La eliminación de facto del polígono oceánico no solo desnaturaliza el Decreto Ejecutivo No. 38681-MAG-MINAE, sino que fomenta la intensidad pesquera de todos los sectores, hacia las zonas costeras, gracias a la creación de dicho Decreto», advirtió Pochet.
La imposibilidad de pescar dentro del polígono oceánico debido a la ampliación del Área Marina de Manejo Montes Submarinos a cargo del Minae, implica la concentración de las embarcaciones en un espacio mucho menor obligando a una interacción en menor espacio. Debido a la concentración de las especies objetivo en partes específicas de la Zona Económica Exclusiva, es muy probable que todos los sectores converjan en el mismo espacio.
Esta situación implica varias problemáticas:
El esfuerzo pesquero de todas las flotas se concentrará en un espacio específico, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los recursos en el área y, por lo tanto, la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad pesquera en territorio costarricense.
Las distintas embarcaciones pesqueras que pescan en el país se verán afectadas al tener que competir por el recurso pesquero en un espacio menor.
Los pescadores (artesanal, palangrero y pesca turística) que faenan dentro del polígono costero se verán gravemente afectados, debido al intenso esfuerzo pesquero que se realizaría a las afueras inmediatas del polígono.
Generará desempleo directo e indirecto en las diferentes comunidades pesqueras del pacifico costarricense.
Y todo ello para satisfacer la imagen política de los jerarcas del Estado ante los organismos ambientales, cuando el país necesita reactivación económica efectiva y reconocer los modelos de conservación con la gente.
La medida propuesta no solo afecta al sector palangre, sino que se verán afectados todos los sectores de pesca, incluyendo a aquellos que trabajan exclusivamente dentro del polígono costero, pues se trata de un reordenamiento inconveniente del Pacífico costarricense.
«A pesar de lo anterior, a la fecha únicamente se han invitado a participar en el proceso a dos organizaciones palangreras, mientras que el resto de sectores de la pesca nacional no han sido participados ni cuentan con representación en este proceso, pese a ser actores importantes de la pesca, debidamente oficializados. Esto es un grave problema, ya que los medios de vida y la actividad productiva de estas personas se verán enormemente afectadas», agregó Pochet.
El representante de los pescadores subrayó que «la participación de los sectores pesqueros debió darse desde el inicio del proceso participativo para que el diseño de las medidas fuera realizado tomando en cuenta todos estos factores», se percibe que la intencionalidad del proceso apunta a informar sobre las decisiones que previamente se han tomado y no a realizar una verdadera consulta en la que se consideren los criterios de las organizaciones pesqueras.
Agregó que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) por ley es el ente encargado de regular, fomentar y desarrollar la pesca marina en el país[1] y que, aunque se reconocen las competencias generales del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el proceso de ampliación de las zonas protegidas inició sin involucrar a esta institución, actuando arbitrariamente en contra de lo que establece nuestra legislación.
Compromiso político 30×30
Para el sector pesquero el único interés del gobierno es cumplir, antes del tiempo acordado, con el compromiso político de la Cumbre sobre Biodiversidad, el pasado 30 de setiembre, en el marco del 75 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como “30×30”; que consiste en una estrategia para convertir el 30% del planeta en áreas protegidas para el año 2030 y garantizar el sostenimiento de la vida de todas las especies de la tierra.
«El 30×30 significa que los países abonan con la protección de 30% de sus áreas. Sin embargo, Costa Rica posee, al día de hoy, áreas marinas protegidas en un 46%, a través del Decreto de Zonificación, áreas silvestres protegidas y las Áreas Marinas de Pesca Responsable, con lo cual ya está más que superado el 30% de aspiración, de donde resulta que la meta propuesta es abusiva, contraria al derecho de la Constitución por violación de los principios de proporcionalidad y razonabilidad», explicó Germán Pochet.
Los pescadores reclaman que el presidente de la República, Carlos Alvarado, pretende anunciar el 15 de setiembre, mediante Decreto Ejecutivo, la ampliación del 30% del espacio marítimo para aguas protegidas, sin escuchar a los sectores involucrados, actuando arbitrariamente en contra de lo establecido en la Ley de Pesca, ignorando a Incopesca como único ente regulador de la pesca marina y teniendo ya un 46% de áreas marinas protegidas, sobrepasando su compromiso internacional, e ignorando al impacto socioeconómico que generará en todos los sectores pesqueros.
Además, al sector pesquero nacional le preocupa que deliberadamente se esté desarmando la institucionalidad pesquera nacional, para impedir el desarrollo legítimo y digno de la pesca nacional.
Pescadores claman manejo responsable de los espacios
Mauricio González, representante de los pescadores señaló que están de acuerdo con las medidas de protección en las áreas marinas protegidas establecidas hasta la fecha, las cuales sobrepasan la meta “30×30”, pero la ampliación que pretende actualmente el gobierno restaría un 30% de aguas para la pesca y amenaza este sistema productivo del país.
«Metería a todos los pescadores (artesanales, palangreros, de cerco y turísticos) en un espacio marítimo muy reducido que implicará no solo una lucha sin precedentes entre los sectores por el aprovechamiento marino, sino que generará un deterioro socioeconómico, al inducir a la desaparición de más de 30 mil puestos de trabajo directos en las diferentes comunidades costeras de nuestro país, sin contar con los empleos indirectos que genera el sector», explicó el pescador.
¿Qué proponen?
La propuesta del sector es hacer manejos responsables de protección, ya que el mayor interesado en la conservación de la biodiversidad pesquera es el mismo pescador. «La pesca es alimentación, es trabajo, es dignidad. Dañar a los pescadores es dañar al país. Nosotros sabemos que, sin peces, sin recurso marino, nos quedamos sin trabajo», añadió González.
Agregó que establecer zonas marinas protegidas no favorece la procreación natural de bancos de especies marinas, ya que los peces son migratorios y no se establecen en un solo lugar del espacio marino. «No existe un criterio técnico que indique que dejar de pescar en una zona fomenta el crecimiento poblacional de peces, debido a que los mismos se desplazan por todo el océano».
El Gobierno debe reconocer los modelos de conservación con la gente como lo son las áreas marinas de pesca responsable y las áreas de ordenamiento de atún, que juntas superan el 40%. “Se requiere integrar a la gente en la conservación. El presidente tiene la opción de escuchar al pueblo y, sin embargo, nos da la espalda imponiendo limitaciones a nuestro trabajo y atenta contra nuestra dignidad”, puntualizó el pescador Mauricio González.
Las organizaciones del sector pesquero que hacen este llamado son:
Asociación de Palangre Cuajiniquil
Colectivo de Gentes del Mar
Asociación marinos de San Luis Puntarenas
Pastoral Gentes del Mar
Asociación de pescadores artesanales Mar Nuestro
Cámara Nacional de Industria Palangrera
Cámara de Pescadores Artesanales de Quepos
Cámara de Pescadores Artesanales de Puntarenas
Cámara Costarricense de la Industria atunera
Fuente: El Mundo
