Según los investigadores noruegos Peter Olsen y Melania Borit, la trazabilidad es la capacidad sistemática para acceder a toda o alguna información, relativa a un alimento, a través de su ciclo de vida. Para productos pesqueros o acuícolas, implica poder rastrearlos en todas las fases de la cadena comercial: desde el buque o la piscifactoría a la mesa. Permite garantizar que lo que nos ofrecen proviene de pesca legal, ayuda a manejar el flujo de las materias primas y productos, a la vez que mejorar la eficiencia, la seguridad alimentaria y la calidad; y orienta a los consumidores a tomar decisiones de compra responsables.
Pensando en esto, PRODUCE ha publicado un proyecto que plantea la creación del SITRAPESCA como un registro obligatorio de información sobre actividades pesqueras y acuícolas. El objetivo es fortalecer las acciones de seguimiento y control, apuntando al aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos. A pesar de ser un planteamiento al que nadie podría rehusarse, es pertinente que no se emita la norma como se establece en la propuesta por muchas razones, algunas de las cuales pasaremos a comentar.
Si bien el proyecto menciona un aplicativo, el SITRAPESCA sólo se encuentra disponible como plataforma web. Esto implica una gran dificultad para pescadores que no cuentan con celulares inteligentes, computadoras, ni acceso a internet. Las propias Direcciones Regionales de Producción padecen serias restricciones de conectividad.
El sistema debió haberse desarrollado de manera participativa y colaborativa con los actores de la cadena productiva, resaltando los incentivos y beneficios de la trazabilidad. Pero hasta el momento sólo se plantea como un modelo de control y sanciones, limitando las oportunidades sociales, económicas, y ambientales que podría traer al país. Una vez más, el Estado que persigue y acosa (nunca para promover), no emite ni una palabra sobre capacitación e inducción.
Tal como acontece con numerosas disposiciones del sector, pareciera haber sido concebida en base a las necesidades de la industria harinera, sin haber probado ni evaluado antes su idoneidad en la heterogénea cadena de valor de la pesca artesanal, ya que dispone que se adecuen al SITRAPESCA en no más de 150 días. En otras palabras, PRODUCE está planteando que una flota, en su mayoría informal por descuido estatal, registre sus actividades en una plataforma web, que impone sin haberla probado en una sola caleta del litoral. La carreta delante de los bueyes, pareciera ser la consigna.
Su uso será obligatorio, pero no se dejarán de realizar los procedimientos anteriores, es decir, se duplicará la gestión de documentos. Se pretende que se informe con anticipación el destino de las capturas, sin tomar en cuenta que muchas veces no será posible cumplir esta obligación, por la propia dinámica comercial. Se exige más esfuerzo a los usuarios y que den toda su información, sin recibir nada a cambio. En estos términos, el listado de informales y perseguidos se seguiría engordando, aunque se enuncie lo contrario. Como dijo Napoleón Bonaparte, “Imponer condiciones excesivamente duras es dispensar de su cumplimiento”.
A 39 días del fin de este gobierno, se debe evitar emitir disposiciones controvertidas que comprometerían el futuro de un sector tan importante, con asignaturas pendientes en las que se esperaría efectividad del ejecutivo, tales como resolver la traba impuesta a la industria atunera por la SUNAT, la promoción de la acuicultura, la formalización de la pesca y acuicultura artesanales, etc. La trazabilidad es muy importante, pero hay mucho que perfeccionar. Precipitarse ahora, sería excesivamente costoso para nuestro país que sigue en una grave crisis.
Fuente: Expreso
Por: Alfonso Miranda Eyzaguirre
Ph: Greenpeace
