Por: Alfonso Miranda Eyzaguirre
La acuicultura es una de las actividades productivas con mayor crecimiento en el mundo. En las tres últimas décadas, el volumen de peces cultivados se multiplicó por 12, con un aumento anual superior al 6% en promedio. En 2018, la captura mundial de pesca alcanzó los 96.4 millones de TM y la cosecha acuícola los 114,5 millones de TM. En el Perú, sin embargo, apenas representa el 2.91% de la producción total de hidrobiológicos, contra el 97.09% de la pesca natural. La acuicultura genera empleo, ocupación territorial, descentralización y es, en esencia, una actividad sostenible. Ecuador exporta anualmente 3,900 millones de dólares y Chile 5,500 millones de dólares. Nosotros apenas hemos llegado a 300 millones. Todos los gobiernos dicen que quieren apoyarla, pero nada cambia para bien.
“El país de las oportunidades perdidas”, nos definía don Jorge Basadre. ¡Cuánta razón sigue teniendo!
A pesar de contar a nivel nacional con condiciones ambientales y naturales favorables para el desenvolvimiento acuícola, como 3,000 kilómetros de litoral, 7,000 espejos de agua interiores apropiados y una biodiversidad relevante para facilitar su despegue; se necesitan alicientes promotores que permitan consolidarla, mejorar su competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados. Esta actividad es aún emergente y tiene potencial para contribuir con el desarrollo territorial, aportar a nuestra seguridad alimentaria y ser un extraordinario complemento económico para pequeños agricultores como ocurre en el sudeste asiático. Sin embargo, mientras en otras latitudes se le impulsó con inyección de dinero y beneficios fiscales, además de poner a su disposición la infraestructura y servicios necesarios, en nuestro país, las áreas propicias carecen de energía eléctrica, agua potable, saneamiento, seguridad, vías de comunicación, conectividad, etc. Todos estos servicios deben ser asumidos por el inversionista, que parte con una clara desventaja en su competencia en el mercado global.
En el pasado se han dado normas que contemplaban reducciones en los impuestos a los acuicultores, no obstante, intermitentes y carentes de la imprescindible seguridad jurídica y acompañamiento, que debe ofrecer un Estado que realmente pretenda su desarrollo sustentable. Desde enero de 2019, hasta diciembre de 2020, recibía los mismos beneficios tributarios que los definidos en la Ley agraria, sin embargo, al derogarse esta norma y promulgarse la nueva Ley de incentivos al sector, la acuicultura fue arbitrariamente excluida de estos estímulos.
En ese contexto, se tiene la oportunidad de establecer un nuevo marco legal de flexibilización tributaria temporal, para fortalecer su crecimiento y conseguir la formalidad integral de todos sus actores. No se trata de otorgar dádivas, sino de permitir que los emprendedores de este sector puedan materializar cuantiosas inversiones, que incluyen todos los rubros de la brecha de la infraestructura, que el Estado ha desatendido; además de equipamiento, tecnología y acondicionamiento. Adicionalmente y con la finalidad de generar una relación armónica con el entorno donde se desarrolla el quehacer acuícola, se debe considerar un aporte de responsabilidad social, que se destine para promover y apoyar los emprendimientos locales y contribuya al desarrollo económico y humano de la comunidad.
Estamos ante una actividad de alto riesgo, sujeta a los fenómenos de la naturaleza que no se pueden controlar, que recibe los constantes embates del mar y los efectos del cambio climático. Competimos con naciones cuyos Estados han hecho una apuesta clara para su promoción hace más de 50 años. Que la negligencia y apatía de algunos burócratas y congresistas no nos mantengan indefinidamente como mendigos en un banco de oro.
Fuente: Expreso
