El ingreso de más de 300 mil familias de pescadores y el futuro de la industria está en riesgo, al no existir planes de manejo ni restauración que garanticen la explotación sostenible de los recursos pesqueros, por parte del Gobierno de México, estableció Oceana México.
La organización internacional dedicada a la protección de los océanos que preside Renata Terrazas, informó que el gobierno mexicano sigue tomando decisiones para la gestión de la pesca sin información suficiente y actualizada.
Oceana documentó en 2019 que la información contenida en la Carta Nacional Pesquera está desactualizada y reporta graves señales de alerta sobre el estado de las pesquerías. Desde entonces la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) no han hecho esfuerzos por mejorar la calidad de la información con la que toman decisiones sobre el sector.
“Después de dos años de nuestra primera auditoría, no se ha avanzado para revertir la opacidad y la falta de información actualizada que garantice el manejo sostenible de la pesca y el equilibrio ecológico en nuestros mares”, destacó Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, durante la presentación del reporte Auditoría Pesquera 2.0 .
La primera Auditoría Pesquera reveló la urgencia de actualizar la Carta Nacional Pesquera, debido a que el 49% de la información lleva al menos 8 años sin
actualizarse y sólo el 4 por ciento de las fichas de especies que la conforman tienen fuentes de información verificables y confiables.
“En México seguimos pescando a ciegas, pues nada se ha hecho por mejorar ni actualizar este instrumento con el que el gobierno toma decisiones para la gestión de la pesca, el otorgamiento de permisos y concesiones”, lamentó Esteban García-Peña, director de Campañas en Pesquerías de Oceana.
La Auditoría Pesquera 2.0 revela que la mayor parte de la actividad pesquera en México es dirigida de manera inadecuada, pues solo el 25 por ciento de las pesquerías cuenta con planes de manejo y cuatro de cada 10 especies comerciales están sobreexplotadas. Esto amenaza los ingresos de las y los pescadores y cada año provoca pérdidas económicas por mil millones de pesos, aproximadamente.
El gobierno mexicano reconoce que hay especies pesqueras deterioradas, sin embargo no implementa ni ejecuta acciones para su recuperación. “La pérdida de especies tiene graves consecuencias ambientales, económicas y sociales, por lo que es urgente que Conapesca e Inapesca se hagan cargo de restaurarlas”, destacó García-Peña.
Esta investigación también señala que los criterios usados por las autoridades pesqueras son inssuficientes, pues se enfocan en el volumen de pesca o valor de comercial de cada especie como indicador de productividad. Sin embargo, al usar este parámetro restan relevancia a los pequeños productores, pescadores ribereños y cooperativas, a pesar del alto impacto social y beneficios económicos que representa para sus comunidades.
“Privilegiar el volumen de pesca deja fuera a las pesquerías que generan el sustento de casi 300 mil pescadores ribereños, quienes carecen de condiciones óptimas de desarrollo y son los responsables de poner en nuestras mesas 9 de cada 10 pescados nacionales que consumimos”, recalcó Esteban García-Peña.
Para medir el impacto de cada especie en las comunidades pesqueras de México, Oceana propone el uso del Índice de Importancia Social de la Pesca –usado en la Auditoría Pesquera 2.0–. Gracias a este indicador se detectó que el gobierno mexicano destina más recursos económicos, humanos y científicos a las tres principales pesquerías industriales. En contraste, pesquerías de las cuales dependen miles de familias mexicanas como principal fuente de empleo son relegadas o desatendidas.
Actualmente, los pescadores menos favorecidos dependen de más de 350 especies que la Conapesca clasifica como “otras” en su Anuario Estadístico, y que el Inapesca incluye únicamente en una sola ficha de “escama”. Esto impide saber cuánto y cómo se pesca en México, además de dejar a un lado el impacto ambiental de no contar con un plan de acción para restaurar las pesquerías que, en su mayoría, se encuentran sobreexplotadas.
“Hacemos un llamado a Conapesca y al Inapesca para que de manera urgente se evalué el estado actual de las pesquerías, se dé mejor atención a las que tienen mayor impacto social y se restauren los recursos pesqueros sobreexplotados y deteriorados”, declaró Renata Terrazas.
Por su parte, Esteban García-Peña concluyó: “Necesitamos dejar atrás el modelo enfocado en el volumen, producción y valor comercial en el sector pesquero en México, y enfocarnos en acciones efectivas para la restauración y el manejo sostenible de todas las especies pesqueras que garanticen un desarrollo social, económico y ambiental”.
Los resultados de la Auditoría Pesquera 2.0 están basados en una investigación intensiva sobre el estado de la información pública, su uso en la gestión gubernamental y el manejo de la pesca en México. Mediante la consulta de fuentes oficiales y no oficiales, este documento es una herramienta de información orientada a detonar acciones colectivas que ayuden a las comunidades pesqueras, sociedad y autoridades a reconocer y aprovechar mejor el tesoro escondido a través de un manejo integral y sostenible de la pesca.
Fuente: Rio Doce
