Tras más de 60 años, Panamá intenta modernizar su obsoleta ley de pesca con el aplauso de la comunidad internacional, gracias a la apuesta por regular un actividad sostenible y responsable y castigar las prácticas ilegales, pero con el rechazo de parte del sector local que salió a protestar por las elevadas multas y duras sanciones que se van a establecer.
«Es momento para que Panamá logre tener una ley que abarque no solo la pesca industrial, sino la artesanal. La ley le da un marco legal y herramientas a la institución para lograr un ordenamiento de primer mundo», dijo a Efe la administradora de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), Flor Torrijos.
La futura normativa sustituye a la aún presente ley básica de pesca número 17, que data del 9 de julio de 1959, y está dirigida a fomentar el desarrollo y el aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos acuáticos del país.
El proyecto de «Ley General Pesca, Acuicultura y Actividades Conexas», promovida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, fue aprobado la semana pasada en tercer y último debate por el Parlamento panameño, y aún debe ser ratificada por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.
Sin embargo, este proyecto también llegó hasta el debate final del Parlamento el pasado octubre, pero entidades como el Canal de Panamá, ministerios y alcaldías lo vetaron y 17 artículos fueron modificados.
Así, el primer artículo alterado establece que «de conformidad con lo dispuesto en el título XIV de la Constitución, se excluye del ámbito de aplicación de esta ley a las aguas que componen el Canal de Panamá», ya que la vía interocenánica, por la que pasa el 6 % del comercio mundial, está considerada como una entidad jurídica autónoma.
Ahora, las autoridades agrícolas y pesqueras están a la espera del refrendo.
¿Qué acoge la ley?
La ley solo pretende «mejorar la pesca para todos, haciendo unas prácticas responsables y sostenibles», por ello, si se consigue «organizar y ordenar la pesca, y eliminar la ilegal, deberá haber un aumento de un 15% de las capturas», explicó a Efe Torrijos.
Según la administradora, las multas impuestas por prácticas pesqueras ilegales en 2020 en Panamá superaron el millón de dólares.
La nueva norma no solo abarca la pesca artesanal e industrial, sino la acuicultura y la deportiva, que, hasta el momento, no habían sido reguladas, pues la anterior ley estaba «enfocada en la pesca industrial».
Además, con el objetivo de «fortalecer al sector pesquero y agrícola, y a las personas que se dedican a ella» esta norma tendrá una «base científica», pues «hay que saber las etapas del animal, cuándo se reproduce o si está en peligro».
Así como hay que tener en cuenta «el cambio climático y las zonas dónde se pesca» y «esta información la darán los biólogos».
«Queremos una norma disuasiva con la pesca ilegal, que aplauda a ese pescador responsable, y que castigue a quien decida no cumplir con las reglas del juego», alertó.
Los artículos recogidos han sido redactados conforme a las definiciones internacionales y se han «homologado» las infracciones, detalló.
También, fue recibida «muy positivamente», según Torrijos, ante la reunión del Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde las autoridades panameñas ratificaron su compromiso de «tolerancia cero» sobre la pesca ilegal.
62 años de «contradicciones»
Aunque la ley de pesca data de 1959, Panamá firmó a lo largo de los años varios acuerdos regionales e internacionales en un intento de adaptarse a los nuevos tiempos.
«Ahora se ha hecho un esfuerzo consensuado con el apoyo de la FAO y expertos internacionales para asegurar que esta ley esté en cumplimiento con los otros acuerdos que firmamos», añadió Torrijos.
Sin embargo, esta «normativa tan dispersa», ha supuesto «un desafío para que la industria crezca», llegando a tener «una serie de regulaciones que se contradicen».
«Era prácticamente un desafío para el pescador implementar criterios y conceptos, porque existe un sin número de regulaciones dirigidas a la pesca», detalló.
Sanciones y protestas
La ley también recibió críticas y fue rechazada por parte del sector pesquero del país, que en las últimas semanas ha salido a la calle para manifestarse.
Su protesta se centra en el elevado valor de las multas que acoge la ley, que oscilan desde los 10 dólares hasta el 1.200.000, según el tipo de infracción, tamaño de la embarcación, actividad que realice y las veces que «reincidan».
«Los pescadores durante varias administraciones han sido golpeados y es normal que no tengan la confianza y estén preocupados», dijo Torrijos.
La administradora aclaró que «en la ley solo se establecen multas graves. Las multas de los pescadores artesanales no están recogidas en esta ley. A nadie se le va a quitar un trasmallo ni licencia de pesca».
Educar: el recurso no es «infinito»
Uno de los retos que enfrenta esta nueva ley para promulgar la pesca responsable es la «educación» del sector para concienciar en que los recursos acuáticos se agotan.
«Los pescadores -todos- tienen que entrar en una cultura de pesca responsable porque el recurso no es infinito, se acaba», explicó.
Pero la responsabilidad no solo cae en los pescadores, sino en el consumidor panameño, quien deberá entender que no podrá alimentarse del mismo pescado en todas las épocas del año.
«Tenemos que educar tanto al pescador como al consumidor, este último debe entender en un futuro que el pescado que consume y compra debe ser de un tamaño en concreto», concluyó.
Fuente: Caracol
