Organizaciones de la sociedad civil ambiental, junto a grupos de los sectores turístico y científico, así como algunas empresas particulares solicitan a los diputados de la Asamblea Nacional ejercer un voto a conciencia en la discusión en segundo debate de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura.
“Exhortamos a los diputados a tomar decisiones asertivas que requieren de la perspectiva de todos, porque la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras más pobres del país, no es la misma vulnerabilidad que enfrentan sectores de la industria pesquera más desarrollados”, destacaron en un comunicado.
El documento fue vetado por el presidente de la República Laurentino Cortizo a principios de enero de 2021, luego de encontrar al menos 14 artículos inconvenientes y otros tres catalogados como «inexequibles», esto quiere decir que no se pueden aplicar.
Mediante una nota acotaron la importancia de sectores pesqueros que no lograron participar en la etapa final del proceso de discusión de la nueva Ley de Pesca ante la Asamblea que fue aprobada en tercer debate el pasado octubre; asegurando que “las voces de los pescadores artesanales de las comunidades a lo largo de nuestras costas e islas panameñas, desde Puerto Armuelles, hasta las darienitas y del Caribe, deben ser escuchadas a través de sus organizaciones y federaciones, y deben tener el mismo valor que la de los pescadores industriales y exportadores de productos pesqueros”.
Explican que la propuesta que se encuentra en segundo debate cuenta con investigación científica y los datos pesqueros generados a través de análisis y estudios de la situación de las poblaciones, el ambiente y sus recursos que permite la toma acertada de decisiones, conservar el recurso pesquero y monitorear las pesquerías para que sean saludables para las presentes y futuras generaciones.
Recalcan la importancia de acceder a mercados competitivos como el de la Unión Europea, y el que para lograrlo sea necesaria la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad pesquera, para evitar que a Panamá se les cierren mercados por no ser cooperantes efectivos en el combate contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
«A nivel internacional, se abren las puertas de los mercados al cumplir con estándares de entes reguladores, por eso se promueve que los países adopten leyes y medidas que garanticen la actividad pesquera sostenible. De allí que concuerdan que en Panamá es fundamental contar con una nueva Ley de Pesca que cuide la sostenibilidad del recurso pesquero a largo plazo, al igual que los ingresos para las familias que están vinculadas a la pesca artesanal o de subsistencia, que son los que se encuentran más vulnerables», manifestaron en el documento.
Afirmaron que las multas se usan para desincentivar un comportamiento negativo sobre los recursos marinos y costeros que afecten su sostenibilidad. “Si eres un pescador honesto que realiza buenas prácticas y estás haciendo las cosas bien, no tienes por qué preocuparte de que la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) continúe con la facultad de revocar licencias y realizar procesos sancionatorios hacia el pescador infractor, por lo que apelan a los diputados a tomar acción en la Ley”.
Las organizaciones concluyeron que la pesca está amenazada por las malas prácticas pesqueras, por la sobrepesca, la pesca ilegal, por los efectos y amenazas del cambio climático. Todas estas consecuencias ponen en peligro el recurso marino costero, que sin este recurso las comunidades pesqueras no tendrán un sustento, por lo que tienen en sus manos un proceso inigualable para que el país cuente con una Ley inclusiva, equitativa, enérgica ante la lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada y puedan corregir sus deficiencias honrando el espíritu por el cual nace, para así lograr los mejores intereses de todos.
Fuente: Metrolibre
