Organizaciones de la sociedad civil ambiental, junto a organizaciones de los sectores turístico y científico, así como algunas empresas solicitan a los diputados de la Asamblea Nacional ejercer un voto a conciencia en la discusión en segundo debate de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura, vetada parcialmente por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, a principios del mes de enero.
Estas organizaciones y empresas aseguran que cuando las decisiones involucran a todos los actores y son transparentes, tenemos leyes y normativas que nos benefician a todos, porque todos han aportado.
“Exhortamos a los diputados a tomar decisiones asertivas que requieren de la perspectiva de todos, porque la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras más pobres del país, no es la misma vulnerabilidad que enfrentan sectores de la industria pesquera más desarrollados”, señalaron en un comunicado.
Coinciden en que es importante la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, “para generar leyes que garanticen la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y los recursos naturales, asegurando su uso sostenible en beneficio de las comunidades más vulnerables”.
Aseguran que hoy y siempre, la sostenibilidad pesquera se constituye en el centro de sus preocupaciones y por eso impulsan la pesca responsable, que va más allá de beneficiar a una empresa, grupo o intereses particulares de unos cuantos.
De igual manera, explicaron que la investigación científica y los datos pesqueros generados a través de análisis y estudios de la situación de las poblaciones, el ambiente y sus recursos permite la toma acertada de decisiones, conservar el recurso pesquero y monitorear las pesquerías para que sean saludables para las presentes y futuras generaciones, de allí la razón por la cual hacen el llamado a los diputados a actuar en favor de ello.
Manfiestaron, además, que importantes sectores pesqueros no lograron participar en la etapa final del proceso de discusión de la nueva Ley de Pesca ante la Asamblea; asegurando que “las voces de los pescadores artesanales de las comunidades pesqueras a lo largo de nuestras costas e islas panameñas, desde Puerto Armuelles, hasta las darienitas y del Caribe, deben ser escuchadas a través de sus organizaciones y federaciones, y deben tener el mismo valor que la de los pescadores industriales y exportadores de productos pesqueros”.
Al referirse a los mercados internacionales, sentenciaron que para acceder a mercados competitivos como el de la Unión Europea, es necesario la adopción de medidas que garanticen la sostenibilidad pesquera, para evitar que a Panamá se les cierren mercados por no ser cooperantes efectivos en el combate contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Estas organizaciones y empresas señalaron que a nivel internacional, se abren las puertas de los mercados al cumplir con estandarés de entes reguladores, por eso se promueve que los países adopten leyes y medidas que garanticen la actividad pesquera sostenible. De allí que concuerdan que en Panamá es fundamental contar con una nueva Ley de Pesca que cuide la sostenibilidad del recurso pesquero a largo plazo, al igual que los ingresos para las familias que están vinculadas a la pesca artesanal o de subsistencia, que son los que se encuentran más vulnerables.
Así mismo afirmaron que “si eres un pescador honesto que realiza buenas prácticas y estás haciendo las cosas bien, no tienes por qué preocuparte de que la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) continúe con la facultad de revocar licencias y realizar procesos sancionatorios hacia el pescador infractor, por lo que apelan a los diputados a tomar acción en la Ley”. Afirmaron que las multas se usan para desincentivar un comportamiento negativo sobre los recursos marinos y costeros que afecten su sostenibilidad.
Las organizaciones concluyeron que la pesca está amenazada por las malas prácticas pesqueras, por la sobrepesca, la pesca ilegal, por los efectos y amenazas del cambio climático. Todas estas consecuencias ponen en peligro el recurso marino costero, que sin este recurso las comunidades pesqueras no tendrán un sustento, por lo que tienen en sus manos un proceso inigualable para que el país cuente con una Ley inclusiva, equitativa, enérgica ante la lucha contra la pesca ilegal, no declarada, no reglamentada y puedan corregir sus deficiencias honrando el espíritu por el cual nace, para así lograr los mejores intereses de todos.
Fuente: La Estrella de Panamá
