Quedan poco más de dos semanas para que el Reino Unido culmine su salida de la UE y las negociaciones sobre el acuerdo comercial que regulará las relaciones entre ambos desde enero siguen en el aire. Los principales obstáculos tienen que ver con el control de la competencia y las regulaciones que Reino Unido podrá aplicar. Pero, junto a estos dos temas de importancia fundamental para el comercio, aparece un asunto que, en principio, no parece tan grave: la pesca. Pero la realidad es que este tema tiene una importancia política desorbitada, y puede acabar dando al traste con el acuerdo. ¿Por qué?
La pesca supone menos de un 0,1% del PIB de Reino Unido, por lo que no parece lógico poner en peligro porcentajes que superan el 5% de la economía del país -el resto del comercio con la UE- para salvar ese 0,1%. Pero los pescadores han sido uno de los principales grupos de presión a favor del Brexit, llegando a organizar flotillas de barcos remontando el Támesis para hacer campaña por la salida de la UE. Y en las comunidades de la costa, donde este sector primario es aún una de sus principales fuentes de ingresos, la idea de aumentar su cuota de pesca a costa de los países de la UE suena muy atractiva. Y para el primer ministro, Boris Johnson, el simbolismo de estar junto a esas «comunidades olvidadas», en las que cimentó su victoria electoral de 2019, tiene una fuerza incomparable.
¿Qué cambios habrá?
Desde 1970, la UE acuerda una Política Pesquera Común (PPC) que permite a los barcos de todos los países europeos pescar en las aguas de los demás socios, siempre que cumplan una serie de normas de conservación para evitar la sobreexplotación de caladeros. La renovación del acuerdo y de las condiciones exactas siempre es uno de los momentos más delicados en Bruselas, hasta tal punto que los cambios se aprueban por mayoría cualificada en vez de por unanimidad.
Desde el 1 de enero, Reino Unido abandonará el acuerdo y podrá regular el acceso a sus aguas nacionales de la forma que considere conveniente, dentro de su soberanía. La UE pide poder seguir pescando en Reino Unido, que haya un periodo de transición para cualquier cambio o reducción en las cuotas que los barcos europeos puedan capturar, y que el nuevo acuerdo se renueve en plazos de un mínimo de 10 años, para permitir estabilidad.
Por contra, las voces británicas cercanas a Johnson apuestan por ser más duros y no ceder su soberanía tan fácilmente. Proponen recortes más draconianos a las cuotas europeas -aumentando lo que pueden cazar los barcos británicos- y renovar los acuerdos de forma anual, para ajustar las condiciones según vaya cambiando la situación económica y política.
¿Qué efectos tiene?
Dado que la pesca es un sector relativamente pequeño, el conflicto es más político que económico, pero eso no quita que una ruptura pueda tener consecuencias negativas para ambas partes. Según explicaba Javier Garat, secretario general de la patronal española Cepesca, a EuropaDirecto, 88 barcos españoles pescan anualmente unas 55.000 toneladas, unos 155 millones de euros, en las aguas británicas. La caza total de la UE supone unos 650 millones de euros, afectando a 600 barcos y sus tripulaciones. Perder ese acceso supondría un golpe para numerosas familias y municipios pesqueros, sobre todo en Galicia y Cantabria, que perderían de golpe una de sus fuentes de ingresos.
Pero el Reino Unido también tendría problemas. La gran mayoría de su pescado no es popular en el país, y va casi todo a la exportación a la UE. Por ejemplo, Europa compra más del 90% del arenque y la merluza británicas, el 85% de sus moluscos y el 50% del salmón. Si no hay acuerdo pesquero y la UE impone aranceles a toda esa producción, los pescadores británicos sufrirían un duro golpe que probablemente les acabaría costando mucho más caro que el beneficio extra que pudieran obtener por el aumento de sus territorios de pesca. A eso habría que añadirles cantidades ingentes de papeleo burocrático y sanitario con cada pez exportado.
El mayor conflicto, sin embargo, está en Francia, donde los pescadores han organizado movilizaciones similares a las británicas para presionar a su presidente, Emmanuel Macron, para que no ceda a las exigencias inglesas. Aunque ninguno de los Veintisiete participa oficialmente en la negociación, Macron ya ha dejado claro que el asunto de la pesca es tan línea roja para ellos como para Londres. Y el mayor problema podría venir si no hay acuerdo este año: si se pasa la fecha definitiva del 31 de diciembre sin pacto, cualquier acuerdo que se cierre más allá de 2021 requerirá del apoyo de todos los parlamentos nacionales, y dará derecho de veto a todos los países.
En principio, las dos partes asumen que si hay un acuerdo en el tema más delicado, la competencia justa, la pesca caerá por su propio peso. Pero Johnson ha gastado tanto capital político con la crisis del covid -ha pasado de liderar las encuestas por 20 puntos en marzo a estar empatado ahora- que no puede dar por amortizado el apoyo pesquero sin más. Con el cronómetro llegando a su fin, todo sigue en el aire, y en el mar.
Fuente: El Economista
