Dar acceso estable a los recursos naturales de alta mar a quien detenta el mercado de destino y es, a su vez, el principal productor mundial, exportador e importador, es un suicidio para la exportación argentina y para obtener una adecuada explotación sustentable en la región.
China está en un proceso continuo y estratégico de expansión pesquera industrial y de ampliación de su flota de pesca a distancia (hoy más de 3000 barcos, y buques de apoyo, reffers- transporte) y no de explotación responsable y sustentabilidad de recursos. La prioridad es el abastecimiento a su mercado, a sus plantas de elaboración y su comercio exterior, no la conservación o protección de los recursos.
Sus acciones públicas y notorias en todos los océanos demuestran que sus declaraciones son falaces y no coinciden con el respeto a las jurisdicciones de los estados costeros, ignorando las más elementales medidas de ordenamiento, temporadas de pesca de las especies, ciclo vital, tasa de escape, etc.
La potencia o hipotética inversión china en la pesca no tiene otra finalidad que asegurar y mantener el acceso al recurso y sus productos al mercado, dando estabilidad en el ingreso a su país sin perder los subsidios estatales y el tratamiento arancelario de sus productos.
Como en otras actividades marítimas que no implican un efectivo arraigo con el país receptor, en la pesca cuando se termina el recurso en la región o su explotación deja de ser rentable, el ocasional productor no radicado se lleva el o los barcos a otro espacio marítimo y hace lo mismo, en un proceso extensivo que solo se interrumpirá cuando las aguas internacionales sean regladas y los intereses ribereños defendidos.
El buque de calamar (jigger – potero), como otros procesadores, es una verdadera planta industrial flotante que pesca, procesa y exporta, pudiendo considerarse cada uno como una pyme. Esta integralidad operativa le permite al extranjero que lo radica, llevarlo a otra bandera o a su bandera de origen o a aguas internacionales, cuando se reduce el recurso disponible o no es rentable, no existiendo ninguna barrera para que el buque sea reexportado o dado de baja del pabellón cuando conviene a la casa matriz. En el caso de alta mar, simplemente cambia de zona de pesca para continuar depredando.
Las inversiones chinas, en su caso, solo sustituyen sus importaciones y afecta las exportaciones argentinas, influidas por aranceles de ingreso y medidas para-arancelarias.
Los buques chinos que pescan a distancia o aguas internacionales operan gracias al subsidio del estado y exportan a los mismos mercados que la argentina, los mismos productos, pero a un precio claramente menor- dumping- comercializan con subsidios y financiación estatal, descolocando la producción local sometida al precio internacional y a su costo diferencial.
El peor socio para un acuerdo de pesca es China. Este país depreda, no coopera, no cumple ninguna norma de conservación ni pesca responsable, viola las normas Internacionales, – UNCLOS – OMC – OIT, oculta y falsea el posicionamiento de los buques, no brinda información real de capturas y no genera empleo ni beneficios económicos al estado costero.
En primer término, debería lograrse un régimen responsable de pesca en el Área, convenido y establecido por los estados ribereños, con reconocimiento internacional y sólo posteriormente sería adecuado incorporar a China a un ordenamiento regional en aguas internacionales.
China no se obligó en los términos del Acuerdo de especies transzonales ni en el AMERP de FAO, defiende el status de libertad absoluta en aguas internacionales. Es el principal depredador del mundo. En definitiva, si hay depredación o sobrexplotación en el área, el extranjero se va y el problema y el daño queda para el país costero y su industria radicada.
El acceso a los recursos naturales, incluyendo aquellos que resultan ser transzonales o asociados a los de las ZEEs e interdependientes en el ecosistema del área, debiera estar reservado para empresas radicadas en el país, sean de capital extranjero, mixto o de capital nacional.
De otra forma se trata de una grave falacia discursiva ya que la permisividad del ingreso de capital chino, como ya ocurrió, no se traduce en ninguna ventaja para la Argentina; muy por el contrario, se cae en la sustitución lisa y llana de las exportaciones. Se les da acceso y no se obtiene nada a cambio. Solo promesas de cooperación incumplidas y negocios en otros sectores económicos que nada tienen que ver con el mar.
China podría comprar hoy mismo toda la pesca argentina: no lo hace porque le conviene conservar el acceso y la libertad que le otorga la bandera china a los recursos con subsidios y trabajo esclavo (lo que el pabellón argentino impediría).
Este país oriental es responsable de la pesca irregular de más de 2,26 millones de toneladas/año en alta mar y representa alrededor del 60/70 por ciento de las capturas en aguas internacionales con una flota a distancia de entre 3000, conforme declaran, a 10000 buques de altura, dependiendo del origen de la información.
Sería utópico pensar que un acuerdo con China reduciría la presión y presencia de buques chinos en la zona adyacente del Atlántico Sur. Por otra parte, ese acuerdo no obligaría de manera alguna a los otros países que pescan en el área, excepto que se hiciera una organización de manejo pesquero, conforme el derecho internacional, en la que adhieran todos.
China buscaría un acuerdo con Argentina en alta mar para afianzar su presencia y ser protagonista, primero y prioritario para sostener y fortalecer su ya abusiva e irregular presencia y para la posterior distribución de cuotas de explotación en alta mar.
Argentina y la región deben decidir si le entregan los recursos de alta mar y sus sectores pesqueros a China o de una vez por todas los países adoptan y ejercen sus derechos de países ribereños y titular natural de los recursos naturales de la zona, adoptando medidas para la sostenibilidad del ecosistema y el equilibrio oceánico y asegurando el ejercicio de una pesca sustentable y reglada, acorde con el legítimo derecho al desarrollo de su industria.
Un acuerdo con China debería provocar la expresa oposición del sector pesquero y generaría una grave crisis sectorial y condena internacional. La misma condena y queja que debiera darse a los puertos libres de la región que actualmente facilitan la operación de los buques y omiten cumplir siquiera con las obligaciones emergentes del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto, convenio internacional que nuestro país vecino ha ratificado y del cual es miembro.
Quienes aducen que China apoya la soberanía argentina sobre las Islas del Atlántico Sur y que su flota no pesca en Malvinas, como razón para alentar acuerdos e inversiones en materia pesquera, desconocen los motivos reales de porque los buques chinos no tienen licencia de pesca en las Islas.
Los motivos se encuentran, por una parte, en la oposición de Inglaterra a las condiciones de trabajo esclavo a bordo de los buques chinos y a la comprobada violación de normas internacionales en vigencia UNCLOS – OMI- OMC- OIT, negando, en consecuencia, el otorgamiento de licencias a dicho pabellón.
Por otra parte, y frente a esa imposibilidad de acceder al área con permisos de las Islas, la estrategia de la flota china se afianzó en la facilidad que ofrece a la alta mar adyacente a la ZEE argentina para explotar sin limitaciones ni restricciones ni cuotas, especies transzonales, como el calamar, principal objetivo de la flota oriental, tanto en el Atlántico como en el Pacífico.
Depredando los recursos con apoyo logístico en alta mar sin necesidad de usar puerto.
También cabe mencionar que la posición política de China, referida a un desinteresado apoyo a la soberanía nacional en el Atlántico Sur, podría analizarse en relación a su propia situación en Hong Kong, el tema Taiwán y las Islas en disputa con Japón.
Por Víctor Tazo
