Por mandato de la Asamblea General de la ONU, desde septiembre de 2018, se han realizado tres reuniones intergubernamentales en torno a la formulación de un nuevo tratado sobre biodiversidad en la Alta Mar: el “Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional”, conocida como BBNJ por sus siglas en inglés, y se espera la realización de una cuarta reunión para el segundo semestre de este año, si las condiciones sanitarias actuales lo habilitan.
El encargo es elaborar un acuerdo vinculante relativo a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina. Sus puntos cardinales deben ser los recursos genéticos marinos y la participación en los beneficios; los mecanismos de gestión basados en zonas geográficas, incluidas las áreas marinas protegidas; las evaluaciones del impacto ambiental y la creación de capacidad y transferencia de tecnología marina.
A pesar de que se afirma que el nuevo convenio no debe ir en detrimento del marco jurídico en vigor, ni de los órganos mundiales, regionales y sectoriales competentes, contiene previsiones que podrían incidir negativamente en la actividad pesquera, al invadir las jurisdicciones de las actuales Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROPs). Es lógico suponer que se duplicarían esfuerzos de gestión y conservación que tienen más de siete décadas, sin que haya una necesidad real de llenar vacíos normativos e institucionales, ni de complementar esa gobernanza. Además, el texto base de la propuesta crea un sistema global centralizado de manejo asociado a una red científica inespecífica, con lo que contradice el mandato, se implanta sobre los actuales órganos jurídicos y desplaza la soberanía de los Estados en el acceso a la Alta Mar.
Preocupa, adicionalmente, que otros pactos de similar magnitud han tardado más de 10 años de negociaciones y en este caso hay una presión porque se apruebe entre gallos y media noche. No hay justificación para engendrar una nueva burocracia internacional invasora de espacios bajo jurisdicción de organismos en los que nuestros países han dedicado sus mayores esfuerzos y que contribuyen a la sostenibilidad de las pesquerías en aguas internacionales.
El ex director para América Latina de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Carlos Mazal, señaló que es preferible no tener acuerdo a tener uno malo. “Hay distancias insalvables entre posiciones e imposibilidad de consensuar bajo presión. Ninguno de los cuatro elementos centrales es aceptable. El tema de recursos genéticos se viene discutiendo en la OMPI desde 2001. Negociar en el entorno oceánico donde el promedio de profundidad es de 4 km con más del 90% de los océanos que no han sido explorados, llevará tiempo. El tema de transferencia tecnológica es una entelequia. La tecnología, protegida por patentes, pertenece a sus titulares y no a los estados. Las áreas marinas protegidas deben de ser sustituidas por áreas de manejo marino. Sólo es aceptable un acuerdo equilibrado en el tiempo que lleve lograrlo”, enfatizó.
Si los estados no negocian correctamente el texto, podrían afectar a millones de personas que viven en el mundo directa o indirectamente de la pesca y a sus naciones cuya soberanía alimentaria depende en gran medida de esta actividad. El llamado de atención es claro: los países pesqueros no pueden entregarse a la decisión de un grupo económico o político que no responde a sus intereses nacionales y que muy probablemente tenga una visión de desarrollo muy distinta que nuestros pueblos. La diversidad biológica marina no se arriesga cuando, como en América Latina, se persigue y se lucha por la pesca responsable y por ello no es admisible que un nuevo tratado invada e imposibilite nuestro legítimo derecho al desarrollo ambiental, económico y social.
Confío que nuestras Cancillerías sabrán actuar en defensa de los intereses pesqueros de la región que forma parte de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS), la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR), los mismos que son los mecanismos que el Derecho Internacional prevé para la administración de los recursos altamente migratorios y transzonales y no vayamos a ceder espacios que protegen nuestra soberanía ante un futuro monstruo de mil cabezas, burocrático, manipulable, antipesquero y que nos arrebate lo que ha tardado tanto en construirse. Que suenen las alarmas.
Por Alfonso Miranda Eyzaguirre
