La evolución del derecho marítimo hizo que Ecuador deje de lado la tesis de las 200 millas soberanas, de la Declaración de Santiago de 1952 y, tras varios años de debates y negativas de corte político, se adhiera a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (Convemar), en el 2012.
Esta Convención, de la que son parte 168 Estados, reconoce para los Estados ribereños, como Ecuador, 12 millas de mar territorial y 188 millas de zona económica exclusiva (ZEE), que incluye la zona contigua de 24 millas. Todas son medidas a partir de las líneas base y, en conjunto, suman 200 millas.
En el caso de Ecuador, esto se aplica para las áreas continental e insultar y, en el caso de Galápagos, el reconocimiento de la reserva marina de 40 millas, como área protegida, regida por la Ley de Régimen Especial de Galápagos.
En el mar territorial, los buques de todos los Estados gozan del derecho de “paso inocente”; en la zona contigua, el Estado ribereño, en este caso Ecuador, puede fiscalizar para prevenir infracciones a su normativa interna; y en la ZEE, Ecuador tiene derecho de soberanía para exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, y tiene jurisdicción para el establecimiento y la utilización de islas artificiales y otras, y la protección y preservación del medio marino.
Mecanismos internacionales
Si bien fuera de las 200 millas las aguas son internacionales, Ecuador tiene dos mecanismos que se derivan de la misma Convemar, otros dos instrumentos internacionales y tres organismos regionales para la protección de los recursos marinos en estas áreas y evitar la presencia de flotas pesqueras extranjeras en aguas internacionales.
El primer mecanismo con el que cuenta Ecuador es la extensión de la plataforma continental de 200 a 350 millas y así poder ejercer derechos de soberanía para exploración y explotación, de forma exclusiva, de sus recursos minerales, no vivos del lecho y especies sedentarias.
Ecuador tiene tres coordilleras submarinas para el efecto: Carnegie que protegería el espacio entre las Galápagos y el continente; Cocos, en acuerdo con Costa Rica; y, Colón, ubicada hacia el lado occidental del archipiélago.
Humberto Gómez, capitan de Navío en servicio pasivo, aclara que la extensión de la plataforma es para el fondo marino y que la columna de agua que se levanta sobre esta superficie sigue siendo aguas internacionales. Además, que la plataforma solo se puede extender desde el archipiélago, no desde el continente.
El analista internacional Mauricio Gándara insiste en que Ecuador ha perdido ocho años y le restan dos para lograr estas ampliaciones. El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, asegura que las investigaciones sobre la Carnegie concluirían a finales de año, y el canciller Luis Gallegos señala que esperan entregar las memorias de la de Cocos en diciembre.
El segundo mecanismo es la aplicación del Acuerdo sobre las poblaciones de peces, que también se deriva de la Convemar y busca asegurar la conservación de peces transzonales y altamente migratorios, a través de medidas tomadas por los Estados ribereños y en cooperación con los Estados que pesquen. El documento contempla la iniciación de “consultas” y “mecanismos de solución de controversia”, pero Gómez aclara que China solo es firmante, no es parte plena del mismo.
El ambientalista Roque Sevilla señaló que, justamente, los lugares por los que está transitando la flota pesquera internacional tienen poblaciones de peces transzonales y altamente migratorio.
Además, hay otros dos instrumentos internacionales de los que Ecuador es parte y que buscan la conservación de las especies en altamar: el Acuerdo sobre medidas de Estado rector del puerto para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de la agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la Convención para la Conservación y Ordenación de los Recursos Pesqueros de Alta Mar del Océano Pacífico Sur (OROP-PS).
La Convemar también prevé la integración de organismos gubernamentales regionales. Gallegos también ha señalado dos organismos regionales de los que Ecuador es parte y puede recurrir: la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), que esta semana ya condenó la pesca ilegal en aguas internacionales, y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).
Adicional, está la Comisión de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (SPRFMO), que busca la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros.
Juan José Alencastro, especialista en derecho internacional, expresa que, lamentablemente, ha pasado un año más y Ecuador no ha podido actuar para frenar la incursión de las flotas pesqueras extranjeras que operan todos los años, entre junio y agosto, y en estos días ya está de salida.
Alencastro hace énfasis en que el artículo 64 de la Convemar habla de una cooperación bilateral para la conservación, aunque también se debe tomar en cuenta lo regional y el multilateralismo.
Fuente: El Universo
