Los acontecimientos de los últimos días que han despertado el interés de diferentes sectores de la sociedad, en particular de los medios masivos de comunicación, hacen vislumbrar que además de orden y transparencia, la industria pesquera Argentina debe ser regulada con coherencia.
La situación de las empresas pesqueras argentinas, que para salir a pescar fuera de la ZEE deben tramitar ante el CFP sendas solicitudes para el otorgamiento de permisos de pesca particulares de determinadas especies, resulta casi un acto administrativo engorrosos e incoherente si en realidad, se contara con una regulación legítima y clara en dichas zonas.
Las empresas pesqueras del país, para pescar fuera de la ZEE salen a competir en completa desigualdad regulatoria, impositiva, laboral y a la postre comercial con quienes hace ya años se llevan la riqueza ictícola que, indudablemente, afectará al caladero en su totalidad más pronto dentro que fuera.
Éstos permisos de «Pesca de Gran Altura», emitidos además mediante un trámite especial, no ostentan el grado de pureza administrativa en lo ambiental ya que además, ningún organismo científico estatal posee la información técnico-científica sobre determinadas especies, que dentro de la ZEE son relevadas y protegidas con estrictas restricciones de pesca, como el Abadejo, pero más allá de la milla 200 son depredadas bajo una actividad ilegal de flotas extranjeras que explotan dichos recursos en forma impune.
Éstas circunstancias administrativas tan particulares muestran cada vez más que avanzar hacia la implementación de un marco regulatorio para ordenar la pesca INDNR resulta impostergable e imprescindible para terminar con la pesca IUU y preservar los recursos para que la zona en cuestión sea explotada con carácter sustentable y sostenible, además de la claridad y pureza administrativa con qué se tramiten a futuro dichos permisos, con respaldo legal y científico.
Redacción Pescaconciencia
