La Autoridad Portuaria de Bilbao impulsará todas sus inversiones previstas para este año, “al objeto de favorecer la activación de la economía y del empleo”, anuncia el ente en un comunicado. La previsión de una menor actividad logística e industrial, que redundará en la bajada de los tráficos y, por consiguiente, de la facturación, “no implicará, por lo tanto, que la entidad que gestiona el Puerto de Bilbao renuncie a sus planes inversores”.
Más allá de determinados ajustes en el tiempo vinculados a las consecuencias de la crisis en materia de contratación, la Autoridad Portuaria de Bilbao impulsará en el ejercicio 2020 inversiones por un valor que rondarán los 67 millones de euros.
“Destaca, por un lado, el inicio de la urbanización de la primera fase del Espigón central. Esta urbanización se hará en tres etapas y la primera, que comprende 201 399 metros cuadrados, ha salido a licitación por 9,3 millones de euros”, explica el organismo.
Otro proyecto que tiene como objetivo ganar suelo para proyectos estratégicos, en este caso industriales, es la ampliación del muelle AZ1. “Las obras se licitarán en este ejercicio por un importe de 30 millones aproximadamente, ya que el proyecto está en fase de redacción, y generarán 50 000 metros cuadrados de superficie y una nueva línea de muelle de algo más de 200 metros lineales”, indica la APB.
También se creará un nuevo acceso rodado a la ZAD 2, por un importe inferior a los 5 millones de euros. “Esta obra pretende aliviar la congestión de tráfico existente en el control del Kalero, permitiendo un acceso directo y separado desde el vial interno del Puerto”, indica el Puerto.
“Estas inversiones se suman a las medidas económicas que, con motivo del COVID-19, está aplicando la Autoridad Portuaria para apoyar a las empresas ubicadas en el Puerto de Bilbao y a los proveedores de la entidad”, indica el organismo. Estas medidas están orientadas básicamente “a trasladar liquidez al sector, reduciendo costes, retrasando cobros y adelantando pagos”.
Por otro lado, a aquellos casos en los que se demuestren posibles incumplimientos de la actividad mínima comprometida en los títulos concesionales atribuibles a la crisis de la COVID-19, “no se les aplica penalizaciones en 2020 u otras consecuencias previstas en los mismos”.
Fuente: Industrias Pesqueras
