El proyecto de Ley de Acuicultura y Pesca se prevé debatir en 12 días en el Pleno del Legislativo, informó este semana el asambleísta y miembro de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño.
El legislador explicó que el presidente de la Asamblea tiene que revisar el informe para segundo debate y poner dentro del orden del día el tema. Esta norma forma parte de las prioridades de la agenda del organismo para el primer semestre del año.
La iniciativa, que consta de 229 artículos, pone especial énfasis en el combate a la pesca ilegal. La propuesta contempla multas de hasta 1 500 salarios básicos (USD 600 000) para este tipo de delitos Mónica Maldonado, directora ejecutiva de Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros (Ceipa), dijo que las sanciones establecidas son «disuasivas» para evitará «prácticas inadecuadas».
En el proyecto se plantea la preservación de las ocho millas de mar territorial para la pesca artesanal, se fomenta la investigación y se prioriza la seguridad marítima.
La aprobación de la ley es uno de los puntos claves que requiere el sector para poder levantar la tarjeta amarilla que impuso la Unión Europea (UE) el 16 de octubre del 2019.
Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería (CNP), cree que la inestabilidad de funcionarios en el ente, que regula y controla la actividad pesquera, impactó en el tiempo para atender la advertencia.
Por ejemplo, hace pocas semanas asumió Bernardo Hidalgo como subsecretario encargado de recursos pesqueros del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca luego de la salida de Alejandro Moya. Y, Andrés Arens fue nombrado como viceministerio de Acuicultura y Pesca en reemplazo a Roberto Viteri.
«La UE también ha cuestionado la inestabilidad de funcionarios en el país», dijo.
Leone explicó que hace cuatro años el sector era liderado por un viceministerio debajo de la cartera de Agricultura. Luego, en el gobierno de Lenín Moreno se creó el Ministerio de Acuacultura y Pesca pero, finalmente se eliminó.
Pese a los cambios, el sector está optimista de levantar la advertencia de la UE. El comité de crisis interinstitucional integrado con autoridades públicas y privadas prepara la ‘hoja de ruta’ para entregarla al bloque en tres semanas. Este lunes 27 de enero del 2020, el comité sesionó en Guayaquil para trazar las líneas del plan de acción.
Fuente: El Comercio
