Aunque parece haber voluntad, lo cierto es que el Acuerdo de Ciudad del Cabo, que describe estándares dirigidos a proteger a las tripulaciones en un marco de igualdad para la industria, todavía no puede entrar en vigor porque son 13 países lo que lo suscribieron y para que sea efectivo se necesitan 22, que además deben tener un total combinado de 3.600 buques de pesca de eslora igual o superior a 24 metros que operen en alta mar.
Declaración de intenciones
El convenio internacional recibió la semana pasada un impulso en la conferencia ministerial de Torremolinos, organizada por la OMI (Organización Marítima Internacional), y en la que participaron 120 Estados, 70 representantes a nivel ministerial, 30 organizaciones internacionales y 500 delegados. En ese foro, un total de 48 países suscribieron una declaración pública manifestando su intención de ratificar el Acuerdo de Ciudad del Cabo del 2012 sobre seguridad de los buques pesqueros. Pero pese a esa avalancha de futuribles, solo se han conseguido dos adhesiones: las protagonizadas por las islas Cook y por Santo Tomé y Príncipe. De esta manera, son ya 13 los firmantes.
Además de los reclutados en la conferencia, pusieron su rúbrica Alemania, Bélgica, el Congo, Dinamarca, España, Francia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Saint Kitts y Nevis y Sudáfrica. Los países están convencidos de que, en cuanto entre en vigor el convenio internacional, «mejorará la seguridad de la vida humana en el mar para cientos de miles de pescadores de todo el mundo, que actualmente no se benefician de un régimen mundial obligatorio sobre la seguridad de los buques pesqueros», explica el Ministerio de Fomento, anfitrión de la conferencia, en un comunicado. También puso de manifiesto que el acuerdo es una herramienta clave para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés).
Parámetros clave
El Acuerdo de Ciudad del Cabo aborda parámetros clave como la estabilidad y navegabilidad, maquinaria e instalaciones eléctricas, dispositivos de salvamento, equipo de comunicaciones, protección contra incendios y construcción de buques pesqueros.
El primer convenio internacional sobre la seguridad de los buques pesqueros fue adoptado por la OMI en Torremolinos en 1977, con un protocolo conexo aprobado en 1993. Pero como no ha entrado en vigor, «los pescadores no están protegidos mediante un marco normativo obligatorio mundial en materia de seguridad». Un respaldo que, sin embargo, sí tienen los buques de carga y de pasaje, amparados por tratados internacionales sobre la seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino que tienen una aceptación amplia y están en vigor desde hace muchas décadas.
Fuente: La Voz de Galicia
