Los tres países deben mejorar la aplicación de las obligaciones en el desembarque, con medidas de control y seguimiento, según un informe realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) para ClientEarth, que considera que no garantizar la aplicación correcta de estas medidas puede amenazar la sostenibilidad de las poblaciones de peces.
El trabajo analiza las deficiencias que existen en la aplicación de esta obligación y propone recomendaciones en este sentido. En concreto, considera que España, Dinamarca y Francia no han realizado un control y una monitorización suficientes para garantizar las medidas en el desembarque para reducir el número de descartes y capturas no deseadas.
Sin embargo, la entidad apunta a la resistencia y la oposición del sector pesquero como uno de los obstáculos para la correcta aplicación de la obligación de desembarque de las autoridades españolas, las cuales, sin embargo, afirman que están realizando esfuerzos para mejorar las técnicas de selectividad de los artes de pesca e implantando más medidas de control.
Cada año se devuelven al mar 1,7 millones de toneladas de peces y otros animales marinos y esos descartes amenazan la sostenibilidad. En 2017, España contaba con el 21 por ciento del total de la flota de la UE por tonelaje bruto, lo que hace del país como un destinatario «clave» de esta medida.
La normativa que obliga a desembarcar todas las capturas se introdujo en 2013 para reducir el número de descartes y capturas no deseadas, y fomentar el uso de técnicas de pesca más selectivas por parte del sector pesquero. Su cumplimiento obligatorio entró en vigor plenamente en enero de 2019; sin embargo, los datos actuales señalan que España, Francia y Dinamarca no han adoptado medidas de control ni mecanismos necesarios para contabilizar las capturas, incluidos los descartes.
La abogada especialista en pesca de ClientEarth Elisabeth Druel advirtió que mientras sigan los descartes, los científicos no pueden hacer estimaciones correctas para protegerlas poblaciones de peces. «Los descartes pueden resultar en la muerte innecesaria de millones de toneladas de peces cada año. Esto es desastroso para las poblaciones de peces, nuestro ecosistema oceánico y la industria pesquera», sentenció.
En todo caso, los informes de la organización indican que las autoridades españolas están realizando esfuerzos para mejorar la selectividad en las artes de pesca y se comprometieron a usar técnicas específicas, como sistemas de circuito cerrado de televisión o drones para garantizar un mejor control de la obligación de desembarque. Estas medidas son bienvenidas y deben seguir desarrollándose.
Druel explica que según la información enviada por España a la Comisión Europea no se detectaron infracciones de la obligación de desembarque durante 2017 y 2018, y, además, señala que España notificó «niveles excesivamente bajos de desembarques de especies por debajo de la talla mínima de referencia a efectos de conservación y descartes».
Por ello, la abogada considera que «todo indica que es necesario mejorar la monitorización y el control de la obligación de desembarque por parte de las autoridades competentes». Así, añadió que las autoridades españolas apuntan que una de las dificultades para la correcta aplicación de la obligación de desembarque es «la oposición y la resistencia por parte del sector pesquero».
De ese modo, los abogados ambientales consideran que España debe incrementar sus esfuerzos para mejorar el registro de esta información y para hacer que el sector pesquero sea consciente de los beneficios que conlleva la correcta aplicación de la obligación de desembarque.
Fuente: Europa Press
