Exigen el cierre del mercado de Japón, la Unión Europea y Estados Unidos a flotas con esclavos a bordo

Porque «de nada vale tener peces si no tenemos pescadores», aseguró ayer (30.09.19) en Vigo la conselleira de Mar, Rosa Quintana, en la inauguración del congreso sobre sostenibilidad social que sirvió de antesala a la apertura de la feria Conxemar. Un descuido que no pocos admitieron ayer en el foro, todavía abochornados por los informes de ONGs y organismos internacionales que sacaron a la luz casos de esclavitud moderna, explotación infantil, tratos inhumanos a bordo… Trabajos que lograron sacudir conciencias y consiguieron espolear la preocupación de la opinión pública y poner la dimensión social de la pesca en la agenda de las instituciones y Gobiernos.

El noruego se adelantó al lanzar la iniciativa Blue Justice, firmada ya por 18 países, y que persigue una economía azul sostenible, justa y libre de prácticas criminales. Su ministro de Pesca, Harald Tom Nesvik, aprovechó la reunión para lanzar un llamamiento a suscribir esa declaración para «detener a criminales y delincuentes que trafican con la pesca y los pescadores».

Brand Wagner, jefe de unidad en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aludió a Alianza 8.7, que busca «un mundo libre de trabajo forzoso, esclavitud moderna, trata de personas y trabajo infantil», mientras llamó, al igual que la conselleira, a ratificar el convenio 188 y pidió para los trabajadores de la pesca la misma protección que otros sectores, como el turismo.

Instrumentos suficientes

Declaraciones, convenios internacionales, certificaciones privadas de las condiciones sociales… «La rueda ya está inventada» es el juicio de Javier Garat, secretario general de la patronal pesquera española y presidente de la europea, que insiste en que ya existen «instrumentos jurídicos internacionales para apostar por la sostenibilidad social». Ahora corresponde a los Gobiernos aplicarlas. Aparte de poner la mano en el fuego por la flota española y comunitaria en este sentido, Garat trasladó la exigencia del sector de privar a los países vinculados con pesca ilegal y explotación de trabajadores de beneficios de acceso preferencial a los mercados pesqueros más importantes del mundo: Japón, Estados Unidos y la Unión Europea.

Porque todavía hay esclavitud. Lo dijo Julio Morón, gerente de los atuneros Opagac, que promovieron la norma Atún de Pesca Responsable, para distinguirse de otras flotas, principalmente asiáticas, que hacen competencia desleal al emplear trabajadores en condiciones de explotación. «Ha habido gente que no ha salido del barco en tres años» y con salarios paupérrimos, de 150 euros al mes.

El sello desarrollado por la flota atunera española se sustenta, precisamente, en los instrumentos que ya existen y garantizan tanto la sostenibilidad ambiental, como la económica y social. Aunque, por el momento son dos las marcas que distinguieron su atún con la norma APR, en breve se sumarán otras dos más, anunció.

La FAO fijará su agenda contra la explotación en la pesca

Audum Lem admitió que se tardó en traer el aspecto social de la pesca al debate sobre la sostenibilidad. Así, en los ocho congresos que la FAO organizó en Vigo, siempre se puso el foco en un producto concreto o, como en el último ejercicio, en los efectos del cambio climático. «¿Por qué ahora se pone el foco en la sostenibilidad social?» No esperó respuesta. Fue suficiente con mostrar «imágenes reales» de lo que está ocurriendo en la pesca «que ilustran abusos y condiciones laborales» que suponen «una clara violación de los derechos humanos». Cierto que se trata de imágenes tomadas generalmente de países en vías de desarrollo, pero que hay que atajar de inmediato. De hecho, según Lem, los consumidores ya están preocupados. En el 2017, el COFI (Comité de Pesca de la FAO) incluyó por primera vez un proceso de consulta a nivel nacional e internacional para recoger sugerencias. «Se recibieron 750 comentarios de 57 personas» con posibles soluciones para avanzar hacia la sostenibilidad social, un objetivo hacia el que tienen que dirigir sus esfuerzos tanto el sector como los Gobiernos y las instituciones.

Esas sugerencias, que apuntan a que «no hay una misma solución para todo el mundo», se analizarán en noviembre en Vigo, en el subcomité de comercio pesquero. En esa reunión se definirán una serie de guías para apuntalar los principios del código de buena conducta y para eliminar el trabajo infantil, incorporar la igualdad de género y lograr una integración de los inmigrantes justa.