El sector pesquero, representado por ARVI y CEPESCA; las administraciones públicas, a través de la Secretaría de Estado para la Unión Europea (UE), la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría de Pesca y la Xunta de Galicia, y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, como interlocutores sociales, mantuvieron ayer un encuentro, organizado por la Fundación para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR), con el apoyo de la Secretaría de Estado para la UE, para analizar y buscar planes de contingencia comunes para afrontar un hipotético Brexit sin acuerdo.
Según los datos facilitados por la Xunta, un total de 130 barcos y 1.700 tripulantes serán los principales afectados por el previsible Brexit duro del próximo 1 de noviembre. Pero la cifra de empleos perjudicados se multiplicará por 4.5, “que son los puestos de trabajo que la pesca genera en tierra”, apuntó Javier Touza, presidente de ARVI y FUNDAMAR.
De producirse la salida sin acuerdo del Reino Unido de la UE, el sector español reivindicará los derechos históricos de la flota española que faena actualmente en aguas británicas para que pueda mantener su actividad durante los dos próximos años, margen que permitiría negociar un acuerdo con los británicos “con los que actualmente compartimos 100 stocks, lo que requerirá un gran esfuerzo”, añadió Touza.
Por su parte, Javier Garat, presidente de la patronal CEPESCA, manifestó la dificultad para
plantear planes de contingencia y reivindicado que se mantenga el plazo de dos años para el sector pesquero: «Nosotros, sin ningún lugar a dudas, no queremos un Brexit duro. Queremos seguir como estábamos, seguir con el acuerdo de retirada y con la declaración política que nos daba un margen de dos años para poder negociar un acuerdo de pesca. En el entretanto la flota seguiría pescando en aguas del Reino Unido y el mercado seguiría abierto también para ellos. Ese sigue siendo nuestro objetivo prioritario».
Igualmente, los distintos participantes en el encuentro llegaron al compromiso de seguir
trabajando en planes de contingencia y estudiando zonas de pesca alternativa para paliar los efectos del Brexit sobre la pesca, haciendo hincapié en su amplio componente social.
“Hemos avanzado en esos planes de contingencia y ha habido convergencia total en cuanto a la colaboración desde el sector pesquero con las administraciones central y
autonómica, entre las propias administraciones, así como con las autoridades portuarias a efectos de coordinar los controles aduaneros y para-aduaneros, la sanidad exterior, el
comercio y las diferentes cuestiones logísticas que afectarán a nuestra actividad”, según
señaló Javier Touza.
Todas las asociaciones y los organismos participantes han tenido presentes las características especiales del puerto de Vigo, fundamental en la Unión Europea, al que el Brexit afecta desde distintos puntos de vista –buena parte de la flota faena en aguas inglesas y aguas de Malvinas–, así como los diferentes colectivos y subsectores implicados: tripulaciones gallegas, personal de tierra, trabajadores de la lonja y de la industria congeladora, etc.
El encuentro, promovido por FUNDAMAR y la UE, llamó la atención sobre la posibilidad de que el hipotético Brexit duro pueda salpicar también a las flotas de bajura y litoral debido a la regulación de las especies migratorias.
Fuente: Fundación para la Pesca y el Marisqueo (FUNDAMAR)
