Darle entidad de modelo a la política pesquera actual sería una exageración. Pensar que se trata de un plan que ha fracasado, sería sobrevaluar la incapacidad para llevar adelante una administración sustentable económica, biológica y social.
No es posible darle identidad de modelo a una administración que desconoció las reglas de la biología, facilitó el aumento del esfuerzo pesquero, no avanzó en la reducción de descartes y depredación del recurso y la eliminación de las sustituciones de especies, no efectuó los controles adecuados de captura y desembarco, y no llevó adelante una táctica de gerenciamiento de los principales recursos, ignorando incluso los informes técnicos de los científicos del INIDEP. Y, si bien no se puede administrar un recurso sin tener presente la biología, su distribución y aprovechamiento ha sido igualmente deplorable.
Se administra mal cuando se sobreexplota, pero también cuando el recurso no se aprovecha al máximo racionalmente; del mismo modo, cuando no se promueve valor agregado ni cuando se ignora la interrelación de las especies.
Este cuadro se completa con la inacción frente a la pesca clandestina extranjera, puertos inoperables e insuficientes, falta de financiación para la renovación en término de la flota pesquera, carencia de una táctica respecto a los recursos que migran a Malvinas y, por cierto, tampoco se llevan adelante propuestas o incentivos económicos que atiendan las diferencias entre los tipos de capturas, procesos y especies, o no se tienen en cuenta las ventajas comparativas que los buques extranjeros tienen, a la hora extraer el recurso del Atlántico Sur o de ingresar sus materias primas a los mercados de destino.
Esto no es solo una cuestión de soberanía, también, de competencia comercial y rentabilidad, cuando no es Argentina quién pone los precios en el mercado internacional.
En el próximo gobierno habrá un diseño de producción y comercio, y quien conduzca la política pesquera deberá ejercer en pleno la administración de este recurso de dominio del Estado y, consecuentemente, de todos los argentinos. Y todos los actores del sector deberán hacer su trabajo poniendo eje en la generación de divisas, el incremento sustancial del valor agregado, el aumento de la mano de obra ocupada registrada y la explotación sustentable de las especies, privilegiando la industria radicada en el continente argentino.
Se debieran promover los acuerdos entre empresas y las inversiones en este sector y, cualquiera sea el medio que se utilice para la extracción pesquera, la presencia argentina en la Zona Económica Exclusiva y sobre las especies migratorias en la Alta Mar debiera ser una prioridad y el objeto de incentivo del Estado -junto a la explotación de las especies estratégicas- para fomentar la captura en forma sustentable de todos los recursos del Atlántico Sudoccidental. Generando valor, multiplicando el empleo e instalando una potencia naval pesquera que -junto a las fuerzas de seguridad marítima- desaliente la extracción ilegal en el mar argentino.
La crisis amerita que los gestores de estas reiteradas etapas fracasadas no dificulten más el verdadero cambio que se requiere y que el próximo gobierno, junto a las empresas y las fuerzas del trabajo, participativamente, haga que la pesca industrial se constituya en uno de los prototipos del desarrollo nacional.
